La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites y se mejora la transparencia. Con este instrumento, República Dominicana se coloca a la par de países que luchan por la institucionalidad.   Fortalece capacidad regulatoria Juan Ariel Jiménez, viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, aseguró que esta ley fortalece la capacidad regulatoria.   La ley, que cursa en la Cámara de Diputados, fortalece además la capacidad de prevención en lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.   “Cuando se analiza la ley, uno se da cuenta de que viene a robustecer el aparato jurídico dominicano”, puntualizó.   Fue entrevistado por Colombia Alcántara e Iván Fernández en el programa Diálogo Urgente, de Teleradio América.   Amplía listado de delitos Esta ley amplía el listado de delitos precedentes de lavado. Con esto se incluye la corrupción en las funciones públicas.   Asimismo, la evasión fiscal, los delitos medioambientales, la falsificación de medicamentos.   “Todos esos delitos, por sus características, si generan renta y se introducen al sistema formal, serán perseguidos”.   Amplio marco de acción Explicó que un funcionario que se enriquezca de manera ilícita, puede ser perseguido por corrupción y lavado.   Indicó sin embargo que se debe tener cuidado en las precisiones conceptuales de la ley. También, que la pieza legislativa fortalece las regulaciones no solo en el sector público.   Ocurre lo mismo con el sector privado.   RD en sintonía con estándares internacionales Manifestó que la modificación del marco jurídico del país no implica que se esté culpando a algún sector de algo. Esto en respuesta a inquietudes de algunos sectores, planteadas por los entrevistadores.  

República Dominicana se ajusta a los estándares internacionales.   En esos estándares se coloca el delito fiscal como un precedente de lavado de activos. Son estándares requeridos por instituciones como el Grupo Acción Financiera Internacional. Este grupo se creó en 1989, por iniciativa de Francia.   Son estándares vinculados a la Convención de Viena más pensados en el lavado de activos del sector financiero.   Luego de 2012 la mayoría de los países ha tenido que actualizarse. República Dominicana no se puede quedar atrás en este proceso.   Juan Ariel Jiménez hizo énfasis en que forma parte de las iniciativas del Gobierno para fortalecer la transparencia.   “Esto es una ola en la que están todos los países”, puntualizó.   República Dominicana está en ese proceso, en muchos casos aumentando las penas.