Fueron dados a conocer los resultados del Doing Business 2020, informe que cada año realiza el Grupo Banco Mundial, en los cuales la República Dominicana obtuvo mejoras en tres de los diez indicadores evaluados donde se analizan las facilidades que tienen los países al momento de hacer negocios.

El país ocupa la posición 115 de 190 economías en el ranking entre Países mostrando avances en las áreas de Apertura de un negocio, Registro de propiedad y Cumplimiento de Contratos.

En el indicador apertura de un negocio, se registró un incremento de 2.0 en el puntaje, pasando de 83.4 a 85.4 puntos porcentuales, lo que nos sitúa en la posición 112 respecto al resto de las economías, con una mejora de 5 posiciones en comparación con 2019.

Este progreso se debió a la promulgación de la Ley No. 68-19, que modifica la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales, reduciendo el requisito de capital mínimo.

En tanto el Registro de propiedades, obtuvo un puntaje de 67.2 puntos porcentuales y escaló 3 posiciones en el Ranking General, pasando del lugar 77 al 74, gracias a una reducción en el tiempo requerido para las transferencias inmobiliarias y registro de propiedades en el país, pasando de 45 a 33 días, para una disminución de 12 días.

Este año el Grupo Banco Mundial reconoció la Ventanilla Express, presentada en 2017, por la Jurisdicción Inmobiliaria, a través de la cual se puede obtener el “Certificado del Estado Jurídico del Inmueble” entre 3 y 5 días, disminuyendo este procedimiento de 18 a 4 días.

En Cumplimiento de contratos, el país mejoró 16 posiciones, escalando del puesto 149 al 133 y avanzando en el puntaje 3.7 puntos porcentuales, pasando de 46.9 a 50.6 puntos.

Esta mejora se debió a la implementación de dos reformas que impactaron el índice sobre calidad de los procesos judiciales, las cuales son: establecimiento de salas exclusivas para conocer Casos Comerciales, en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y la  aprobación de la Resolución No. 2142-2018 del Consejo del Poder Judicial, aprobando el Reglamento General sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, incluyendo casos comerciales.

Las clasificaciones más sobresalientes para nuestro pais, en adición a registro de propiedad, continuan siendo Manejo de permisos de construcción y Comercio transfronterizo, este ultimo se ubica muy por encima de los países de la Región y entre las economías con mejor desempeño.  

En Obtención de electricidad, se encuentra el puesto 116,  con un puntaje de 68 puntos.

Este año el informe refleja una reducción en el costo asociado para la obtención de electricidad de 67 puntos.  

Igualmente, se registró una variación en la puntuación del índice de fiabilidad del suministro de electricidad y transparencia de las tarifas, pasando de 4 a 5 puntos (siendo 8 el máximo puntaje).

Este cambio se debe a una corrección de Data que se registra en este informe, en relación a los datos publicados en años anteriores.

En cuanto a la obtención de crédito, en el DB 2020 la República Dominicana se ubica en el puesto 119 con un puntaje de 45 puntos porcentuales, al igual que el año anterior debido a que mide en su índice de fortaleza de los derechos legales, si la economía tiene un marco regulatorio de Garantías Mobiliarias y la existencia de un Registro Unificado de Garantías Mobiliarias, de los cuales carecemos, a pesar de los esfuerzos realizados desde el Gobierno para que se apruebe en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias.

Este reenfoque en el área de Protección de Inversionistas Minoritarios, no sólo afecta nuestra posición en el Ranking de este indicador sino también en el Ranking Global, lo mismo ha ocurrido con otras economías como es el caso de Uruguay, Paraguay, Nicaragua, entre otros.

Para el indicador de pago de impuestos, se mantiene el puntaje de 57.4 puntos porcentuales con un Ranking General de 150.

En Resolución de la insolvencia, el país mantiene su posición en el puesto 124, un aumento de 0.46, situándose en 38.0 puntos porcentuales, esta mejora se vio influenciada por un aumento en el índice de tasa de recuperación en los procesos de insolvencia.